El exintendente de Caucete, Julián Gil, seguirá en la mira de una investigación penal por el supuesto abuso sexual cometido contra una chica (tenía 16 años) que es hija de un exfuncionario suyo, preso también por delitos sexuales contra otra hija suya. Así lo resolvieron los jueces Víctor Hugo Muñoz Carpino, Martín Heredia Zaldo y Miguel Dávila Saffe (Sala I, Cámara Penal) tras anular un fallo de un juez del Quinto Juzgado de Instrucción (estaba a cargo de Benedicto Correa) que desestimaba la denuncia contra el exjefe comunal.

El tribunal de la Sala I consideró que se habían vulnerado derechos y garantías elementales de la supuesta mujer víctima (la entonces menor) amparados por tratados internacionales con jerarquía constitucional. Y que tampoco se habían respetado las reglas para investigar, pues luego de ordenar pruebas pedidas por Fiscalía se había procedido a la desestimación de la denuncia siendo que eso no correspondía, pues debía agotar la investigación, es decir, producir las pruebas (incluidas las que pudieron llevar a otra conclusión), valorarlas, indagar o tomarle una declaración informativa (como sospechoso) al presunto imputado, pedir opinión a Fiscalía y recién resolver con un sobreseimiento, una falta de mérito o un procesamiento.

El hecho que se le atribuye a Gil ocurrió el 19 de octubre de 2019. Entonces la chica había dicho que en una reunión en la que coincidió con su hermana y Gil (se cree que estos últimos tenían una relación), el exmandatario comunal la abrazó y deslizó su mano hasta tocarle la cola.

Esa vez, a pedido de Fiscalía, se ordenó una investigación que, como era de esperar, incluía el relato de la entonces menor y la evaluación de sus dichos por parte de los psicólogos. En base a los informes de esos profesionales, el juez concluyó que el relato de esa jovencita era "organizado y contradictorio" e influenciado por "pasiones", por su mención a la causa que complica a su padre por los presuntos delitos contra su hermana, hija del exfuncionario preso en otra relación. Y el 31 de julio de 2020 desestimó la denuncia.

Entonces el abogado de la jovencita, Nicolás Fiorentino, apeló y pidió anular esa decisión pues a su entender, se habían cometido irregularidades procesales y se habían violentado derechos de la menor.

Fuente: Diario de Cuyo