El juez de Garantías, Diego Manuel Sanz, dictó hoy una orden de arresto contra Cristian Segura y su pareja, Laura Natalia Vargas Marín, debido a que no se presentaron en la audiencia donde iban a ser formalmente imputados por intentar estafar a una persona. Los acusados habrían usado un teléfono que originalmente pertenecía a un juzgado de Paz (Capital) para hacer creer que llamaban desde ese organismo.
El caso fue denunciado el 28 de junio ante la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, bajo la coordinación del fiscal Pablo Martín. La investigación, llevada a cabo por los ayudantes Franco Rodríguez y Federico Martínez, incluyó la incautación de celulares y chips de los sospechosos; entre ellos, uno que correspondía a la línea que había sido del juzgado.
La víctima se había comunicado por WhatsApp creyendo que lo hacía con la dependencia judicial para averiguar cómo pagar una multa. Durante el intercambio de mensajes se activaron sus sospechas. Le exigían no concurrir al juzgado, le ofrecían pagar una suma —luego reducida— mediante transferencia a una cuenta que parecía no tener relación con el organismo oficial. Finalmente, consultó con un tercero que lo aconsejó verificar antes de efectuar cualquier pago, y descubrió que esa línea había sido dada de baja del juzgado en 2020.
La Defensa Oficial, representada por Maira Elías, se opuso tanto a la declaración de rebeldía como a la captura de los acusados. Sin embargo, el juez consideró que la pareja había sido debidamente notificada de la investigación durante el allanamiento del 9 de septiembre, cuando se les comunicó que estaban bajo indagación, lo que le permitió ordenar su detención y comparecencia por la fuerza.
Fuente: Diario de Cuyo
