
Tras la aprobación definitiva en la Cámara Alta del nuevo Régimen Penal Juvenil, los representantes provinciales en el Congreso mostraron posturas contrapuestas.
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Tras una exhaustiva investigación, los agentes lograron identificar al poseedor del teléfono celular sustraído, una mujer de apellido Pacheco, quien fue vinculada al delito de encubrimiento. Se otorgó una orden de allanamiento y se logró recuperar el teléfono marca Motorola.
La investigación se basó en la información obtenida a través del correo electrónico vinculado a la cuenta Google del teléfono celular sustraído, donde se encontraron fotografías tomadas con el aparato electrónico posterior al hecho ilícito. La UFI Delitos Contra la Propiedad intervino en el caso.

















