En un movimiento que combina autonomía financiera y visión estratégica, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, formalizó en Buenos Aires una serie de convenios con la Dirección Nacional de Vialidad que marcan un cambio de ritmo en la obra pública local. El acuerdo faculta a la provincia para intervenir directamente en trazas de jurisdicción nacional, garantizando que el crecimiento económico —impulsado por la minería y el comercio— no supere la capacidad de su infraestructura.
Un esquema de gestión eficiente
Bajo la firma del ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, el acuerdo establece que San Juan asumirá no solo el financiamiento, sino también la ingeniería técnica, el impacto ambiental y el proceso de licitación. Este esquema permite "desbloquear" obras que son urgentes para el tránsito local pero que dependen formalmente de Nación.
Los puntos críticos del plan de obras:
El grueso de la inversión se concentrará en dos nodos vitales para la provincia:
"El objetivo es que la infraestructura acompañe el ritmo del desarrollo productivo, disminuyendo costos logísticos pero, sobre todo, protegiendo la vida de los conductores", señalaron desde el Ejecutivo provincial.
Impacto proyectado
Con estas intervenciones, San Juan busca optimizar la integración territorial y reducir los tiempos de transporte en rutas que hoy son arterias fundamentales para el comercio internacional y la actividad extractiva. La provincia reafirma así su capacidad de gestión para destrabar proyectos de gran escala mediante la articulación público-público.
