En ese marco, envió cartas documento al periodista Tomás Méndez, a la productora Telearte y al Grupo Octubre, intimándolos a rectificarse públicamente o ratificar con pruebas las afirmaciones realizadas en un plazo de 24 horas.
En la presentación, Orrego advierte que se le atribuyeron “hechos ilícitos de extrema gravedad” mediante expresiones “manifiestamente inexactas, injuriantes y carentes de sustento fáctico”, presentadas como hechos ciertos, lo que —según señala— excede los límites de la libertad de expresión y afecta su honor y buen nombre.
En caso de incumplimiento, el gobernador avanzará con una demanda civil y con las correspondientes acciones por calumnias e injurias.
El caso se da en un contexto en el que ya son varios los gobernadores que avanzaron con acciones legales contra el mismo periodista, entre ellos Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta), a los que ahora se suma Rogelio Frigerio (Entre Ríos).
Asimismo, otros mandatarios como Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Claudio Poggi (San Luis) analizan avanzar en el mismo sentido ante situaciones similares.
Desde el Gobierno de San Juan señalaron que la imputación pública de delitos sin pruebas constituye una conducta ilegítima que afecta la institucionalidad y no puede ser tolerada.
