Este jueves, un joven que supo ganarse un lugar clave dentro de la firma terminó detenido tras un allanamiento realizado en Santa Lucía, en el marco de una investigación por estafas millonarias.
El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda del barrio Villa Don Arturo, donde personal de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas arrestó a Ángel Emanuel Acosta. El operativo fue ordenado por el fiscal Eduardo Gallastegui, luego de que saliera a la luz una compleja maniobra que habría perjudicado tanto a la empresa MAXFA S.A. —operadora de una estación AXION en 9 de Julio— como a varias firmas de transporte locales.
Acosta, que actualmente permanece alojado en la Comisaría 5ta de Santa Lucía, ya cuenta con defensa legal y quedó a disposición de la jueza de garantías Gloria Chicón.
Según reconstruyeron fuentes vinculadas a la causa, el joven comenzó como playero, pero con el tiempo fue escalando posiciones hasta convertirse en asesor comercial y encargado de cobrar a los clientes más importantes. Ese rol, clave para el movimiento diario del negocio, es el que hoy está bajo la lupa.
Todo salió a la luz cuando una empresa de transporte sanjuanina recibió el reclamo de una deuda abultada. La sorpresa fue total: su titular aseguró tener todos los pagos al día y presentó comprobantes, muchos de ellos entregados directamente a Acosta, tanto en efectivo como mediante transferencias y cheques. Solo en ese caso, el perjuicio superaría los 85 millones de pesos.
A partir de esa situación, la firma inició una auditoría interna que destapó un panorama mucho más amplio. Detectaron inconsistencias en los registros y sospechan que el acusado habría cobrado combustible a precios por debajo de los oficiales sin rendir ese dinero. También creen que utilizaba un sistema de “pagos cruzados”, cubriendo deudas de unos clientes con el dinero de otros, lo que terminó generando un desorden financiero significativo.
Con el correr de los días, empezaron a aparecer más casos de empresas que aseguraban haber pagado, pero que igualmente figuraban como deudoras. Así, el monto del presunto fraude fue escalando rápidamente: de una primera estimación de más de 70 millones, hoy ya se habla de cerca de 200 millones de pesos.
Siempre de acuerdo a fuentes de la investigación, el propio Acosta habría admitido parcialmente las maniobras ante sus superiores, argumentando que buscaba mejorar las ventas ofreciendo precios más bajos. Sin embargo, la situación derivó en su renuncia a mediados de marzo y su posterior alejamiento del ámbito laboral.
Recién tras su salida, la empresa profundizó los controles y detectó el faltante de dinero, cheques sin rendir y documentación irregular. Ese fue el puntapié para la denuncia penal que terminó, semanas después, con su detención.
La causa continúa en etapa de investigación y no se descarta que surjan nuevos damnificados en los próximos días.
