La resolución fue tomada por la jueza de impugnación Ana Lía Larrea, quien rechazó los planteos de la defensa del jefe comunal y ratificó que la investigación debe seguir en la órbita penal, tal como ya se había definido en una instancia previa.
Castro no está solo en la mira. La causa también alcanza a los concejales Roberto López, Alberto De Los Ríos y Alejandro Paredes, todos bajo sospecha por presuntos delitos como incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
El conflicto gira en torno a un acuerdo impulsado por el intendente y aprobado por el Concejo Deliberante, mediante el cual se buscaba evitar un juicio por una causa vinculada a una presunta malversación de fondos de 2019.
La maniobra consistía en el pago de una suma millonaria como forma de “reparación”, lo que para la fiscalía podría encuadrarse no solo como un intento de eludir la Justicia, sino también como posibles negociaciones incompatibles con la función pública e incluso encubrimiento agravado.
De hecho, la denuncia original ya advertía que el acuerdo podría representar un “pacto de impunidad”, al intentar cerrar una causa penal mediante una ordenanza municipal, algo que —según la acusación— excede las facultades del poder político.
El fallo implica un revés directo para la estrategia judicial de Castro, que buscaba trasladar el caso al fuero Contencioso Administrativo. Con esta decisión, la causa seguirá bajo investigación penal, con el fiscal Francisco Nicolía al frente.
El escenario no es menor: de avanzar la causa, tanto el intendente como los ediles podrían enfrentar consecuencias judiciales más severas, en un contexto donde la tensión política y judicial en Angaco no deja de escalar.
Lejos de cerrarse, el conflicto suma capítulos y deja al jefe comunal en una situación cada vez más delicada, con múltiples frentes abiertos y la lupa judicial cada vez más firme sobre su gestión.
