Todo ocurrió en el departamento Caucete, donde personal de Gendarmería Nacional activó un operativo de urgencia tras recibir el alerta sobre el posible secuestro de una menor de edad. La intervención permitió interceptar una camioneta en la que viajaba la adolescente junto a su hijo recién nacido y varios integrantes de una familia de la colectividad Romani (gitanos).
De acuerdo a la investigación, la joven había sido obligada a contraer una unión forzada con el hijo de esa familia y luego sometida a múltiples situaciones de violencia física, psicológica y explotación laboral.
Las primeras actuaciones se dieron luego de que testigos observaran una situación desesperante cerca de estaciones de servicio de Caucete: la menor intentó escapar con su bebé en brazos mientras era perseguida por integrantes del grupo familiar. La escena derivó en el llamado al sistema de emergencias que activó el procedimiento policial y judicial.
La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal Federal de San Juan y fue desarrollada por efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Gendarmería. Los pesquisas lograron reconstruir una línea temporal de los hechos y determinar que la víctima había sido trasladada constantemente entre San Juan, Neuquén, Córdoba y Santa Fe.
Según establecieron los investigadores, la adolescente sufrió privación de la libertad, restricciones alimentarias, impedimentos para acceder al sistema de salud, agresiones físicas y violencia psicológica permanente.
El trabajo coordinado entre distintas unidades de Gendarmería y organismos judiciales permitió sostener la acusación en el Tribunal Oral Federal de San Juan, que finalmente condenó a los imputados a 10 años de prisión.
