La propuesta establece que las empresas mineras y sus principales contratistas deberán presentar planes específicos para incrementar la contratación de mano de obra local y la compra de bienes y servicios a proveedores sanjuaninos.
Uno de los puntos más destacados del proyecto es que fija como meta que el 80% de los trabajadores de cada emprendimiento minero sean residentes de San Juan, con prioridad para quienes viven en los departamentos cercanos a las operaciones.
Además, se propone que al menos el 60% de las compras de bienes, obras y servicios sean realizadas a empresas radicadas en la provincia, siempre que existan condiciones competitivas. Cuando no haya oferta local disponible, las compañías deberán fundamentar técnicamente esa situación.
La iniciativa también crea el Registro de Proveedores Mineros de San Juan (RE.PRO.MIN), una base de datos pública y digital donde las empresas deberán acreditar actividad real en la provincia para ser consideradas dentro de los objetivos de contratación local.
Como incentivo, las compañías que cumplan simultáneamente con las metas de empleo y compras locales podrán acceder a certificados de crédito fiscal transferibles, que incluso podrán ceder a pequeñas y medianas empresas proveedoras para el pago de impuestos provinciales.
Otro aspecto relevante es que las operadoras mineras deberán informar con anticipación cuáles serán sus futuras necesidades de bienes y servicios, permitiendo que las firmas sanjuaninas se preparen para competir por nuevos contratos.
La norma también incorpora mecanismos de transparencia en los procesos de contratación y prevé sanciones para quienes incumplan las obligaciones establecidas, aunque contempla excepciones cuando no exista oferta local competitiva o se desarrollen programas de capacitación.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Minería, acompañado por una Unidad Técnica Interministerial y un Consejo Consultivo con participación del sector público y privado.
Si obtiene la aprobación legislativa, la nueva ley reemplazará a la Ley 1208-M, una normativa anterior que nunca llegó a ponerse en práctica. Las empresas tendrán entre 60 y 90 días para presentar sus primeros planes de desarrollo local una vez que la norma entre en vigencia.
