No participaron de la votación los integrantes del bloque Vuelve San Juan, Graciela Seva y Mario Herrero, mientras que el diputado libertario Fernando Patinella ingresó al recinto cuando ya se debatía el proyecto en particular.
La ley se sustenta en tres ejes centrales y apunta a otorgar mayores beneficios a los proveedores locales frente al desembarco de grandes empresas mineras. Además, busca proteger al empresariado sanjuanino que presta servicios al sector y fomentar la contratación de mano de obra provincial.
Durante el tratamiento sobre tablas se introdujeron modificaciones de redacción, aunque el cambio más importante fue impulsado por el diputado Franco Aranda, quien propuso elevar el monto máximo de las sanciones de 60.000 a 200.000 unidades tributarias, iniciativa que fue incorporada al texto.
La norma alcanzará todas las etapas de la actividad minera, desde la prospección y exploración hasta la explotación, el cierre y post-cierre de minas, además del procesamiento y comercialización de minerales en todo el territorio provincial.
Entre sus objetivos, establece promover el empleo privado registrado, incrementar la participación de proveedores locales y garantizar condiciones de transparencia, previsibilidad, competitividad y accesibilidad en las contrataciones vinculadas al sector.
Asimismo, otorga mayores herramientas de control al Estado provincial y a los municipios mineros para supervisar el cumplimiento de la contratación de mano de obra y empresas sanjuaninas.
Durante el debate, legisladores del justicialismo recordaron que, cuando San Juan adhirió al RIGI, ya habían planteado la necesidad de contar con una norma que protegiera a los proveedores locales. Si bien cuestionaron que la iniciativa llegara dos años después, finalmente acompañaron el proyecto al considerar que representa un avance para fortalecer el desarrollo económico de la provincia.
