En paralelo a la investigación penal que lleva adelante la Justicia, el Gobierno de San Juan inició un sumario administrativo contra efectivos de la Comisaría 31ª, luego de la denuncia presentada por un detenido que aseguró haber sido víctima de una golpiza mientras permanecía alojado en esa dependencia policial de Las Chacritas, en el departamento 9 de Julio.
La información fue confirmada a 0264 Noticias por el director de Control de Gestión de Seguridad, Damián Villavicencio, quien explicó que el expediente interno ya comenzó a tramitarse con el objetivo de determinar si existió algún accionar irregular y establecer las eventuales responsabilidades de los policías que participaron del procedimiento.
"Ahora iniciamos un sumario administrativo para determinar la responsabilidad de los efectivos policiales que intervinieron en ese procedimiento. La denuncia en la UFI la realizó la madre y hoy se presentaron acá, en la Subsecretaría, a realizar la queja administrativa también", explicó el funcionario.
La denuncia fue realizada por Braian Alexander Pastén, de 29 años, quien aseguró que el pasado 18 de julio fue golpeado mientras se encontraba detenido en la Comisaría 31ª. Según su relato, como consecuencia de la presunta agresión sufrió una triple fractura en el peroné de una de sus piernas.
Tras recuperar la libertad, el joven permanece en su domicilio con la pierna enyesada y atravesando un proceso de recuperación.
La denuncia también es investigada por la UFI Delitos Especiales, que se encuentra en una etapa preliminar de la pesquisa. El objetivo de los investigadores es reconstruir lo sucedido y establecer si los hechos ocurrieron tal como fueron denunciados.
En ese marco, la Fiscalía trabaja en la recopilación de diferentes elementos de prueba, entre ellos testimonios, documentación interna de la Policía y registros de las cámaras de seguridad de la dependencia.
Con el avance de la investigación, la Justicia deberá determinar si existen elementos suficientes para avanzar con una imputación contra los efectivos involucrados o si, por el contrario, corresponde desestimar la denuncia ante la falta de pruebas.
Mientras avanza la causa judicial, el Gobierno puso en marcha el sumario administrativo, un procedimiento independiente que buscará determinar si los efectivos policiales incurrieron en algún incumplimiento o falta durante su intervención.
De esta manera, los policías señalados deberán afrontar dos procesos diferentes: por un lado, la investigación penal a cargo de la UFI Delitos Especiales y, por otro, el expediente administrativo iniciado por la Subsecretaría de Seguridad.
Por el momento, no hay efectivos imputados judicialmente y la investigación continúa en etapa preliminar. Será el análisis de las pruebas reunidas el que permitirá determinar qué ocurrió dentro de la Comisaría 31ª y si existen responsabilidades penales o administrativas.
