El Centro de Estudios para la Ciudad (CEC), en conjunto con la Fundación Friedrich Ebert Stiftung, publicó los datos actualizados a julio de 2026 de su informe interactivo "Mapa de la Deuda", cruzando registros del sistema financiero para medir el nivel de incumplimiento de pagos a escala territorial. Las cifras exponen un escenario crítico: la tasa de morosidad creció de forma acelerada y ubicó a cuatro departamentos de San Juan dentro de los cinco primeros puestos del ranking nacional.
Según los datos oficiales del relevamiento, Rawson encabeza la tabla en todo el país con un preocupante 42,68% de deudores en mora sobre el total de tomadores de crédito, registrando un ticket promedio moroso de $1,49 millones. Le siguen Chimbas con un 41,61% (16.416 personas con pagos atrasados por un total que supera los $27.400 millones) y Pocito en el tercer lugar con un 40,17%. En la quinta posición aparece Caucete, donde el 39,07% de sus deudores registrados incurrió en mora, acumulando compromisos impagos por más de $12.085 millones sobre un total financiado de $50.533 millones.
La contundencia de las cifras instala un debate incómodo: ¿se trata de un descontrol individual de la gente que prefiere gastar sin medir consecuencias, o estamos ante un mecanismo forzado de supervivencia?
Por un lado, posturas vinculadas a la conducta financiera sostienen que el sobreendeudamiento responde al hábito de sostener un estilo de vida incompatible con los ingresos reales, recurriendo al crédito fácil y al tarjeteo desenfrenado por falta de disciplina o presupuestación.
Sin embargo, el análisis socioeconómico de la distribución territorial sugiere un trasfondo diferente: en zonas castigadas por la pérdida sostenida del poder adquisitivo, la toma de deuda personal o el uso de tarjetas no busca financiar bienes de lujo, sino cubrir consumos de primera necesidad como alimentos, medicamentos o boletas de servicios públicos.
Cuando más del 40% de los deudores bancarizados de un departamento no logran cumplir con sus plazos de pago y el saldo moroso ronda promedios de entre 1,5 y 1,8 millones de pesos por persona, la discusión deja de ser exclusivamente un dilema moral sobre la responsabilidad individual para transformarse en un problema de la estructura económica cotidiana.
