Este jueves, el Concejo Deliberante de Caucete fue escenario de una sesión especial centrada en la interpelación a la intendente Romina Rosas debido a la deuda que el municipio tiene con la empresa DECSA. La presencia de Rosas, acompañada de funcionarios y numerosos militantes, desató críticas de los concejales opositores, quienes calificarían la situación como una “puesta en escena mediática”.
El concejal Emanuel Castro expresó su malestar: “Fue más un espectáculo que un debate político; la intendente hizo entrar a mucha gente al recinto, y el ambiente se tornó caótico, casi como en una cancha”, afirmó, señalando que el contexto dificultó el desarrollo de la sesión.
El trasfondo de esta controversia radica en una resolución emitida por el EPRE, que indica que la Municipalidad de Caucete tiene una deuda de 465 millones de pesos. A pesar de que el municipio había solicitado auditorías propias, el EPRE, tomando en cuenta informes de DECSA y otros peritos, recalculó la deuda a 550 millones de pesos.
Aunque la intendente reconoció la deuda, argumenta que DECSA está cobrando a su municipio como si fuera parte del Gran San Juan. Rosas defiende su postura al indicar que gracias a una auditoría interna, “la deuda ha disminuido de 800 millones a 500 millones en un año porque nos pusimos firmes”, comentó.
Sin embargo, a pesar de sus explicaciones sobre los orígenes de la deuda, lo cierto es que el municipio caucetero deberá afrontar este pasivo de manera inminente. Este episodio no solo pone de manifiesto tensiones políticas en el departamento, sino que también plantea interrogantes sobre la gestión financiera y la transparencia en la administración pública.
La controversia sobre la forma en que se llevó a cabo la interpelación y la legitimidad de las reclamaciones de la intendente subraya un clima tenso en el ámbito político de Caucete, poniendo en el centro de la discusión no solo los números, sino también la percepción que se tiene de la política local.
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