Amenazas de bombas: casi 70 millones de pesos le costó a San Juan los operativos realizados

En una reciente entrevista radial, el fiscal de Estado de San Juan, Sebastián Dávila, compartió datos alarmantes sobre el impacto económico de las amenazas de bomba en la provincia. Con un total de 17 incidentes en lo que va del año, el costo acumulado de los operativos de respuesta alcanza casi 70 millones de pesos, es decir, aproximadamente 4 millones por cada caso.

Dávila señaló que la intervención de la Fiscalía de Estado se lleva a cabo como parte civil, con el objetivo de supervisar los procedimientos y solicitar los informes pertinentes. "Nos constituimos como parte para controlar el proceso según las particularidades de cada caso, ya sea que involucre a un menor o a un adulto", explicó el funcionario. En los casos que involucran a menores, también se activa la colaboración de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia.

El fiscal expresó su preocupación por la dificultad de prevenir estos eventos y la carga económica que generan. "Es muy desafortunado que se siga utilizando esta metodología de llamados, especialmente cuando el Estado está esforzándose para evitarlo", comentó. Además, destacó los gastos derivados de la evacuación de edificios, lo que interfiere en el normal desempeño de las actividades educativas.

En cuanto al incremento de estas amenazas en el último año, Dávila indicó que no existe una causa específica discernible, aunque sugiere que la proliferación de teléfonos móviles podría ser un factor. "La masificación de la cantidad de amenazas es algo que no podemos determinar con certeza", concluyó.

El costo humano y económico que estas amenazas representan es significativo. La provincia enfrenta no solo gastos directos, sino también un impacto en la calidad de vida de sus ciudadanos, afectando el funcionamiento de instituciones y la tranquilidad del entorno. La necesidad de generar conciencia y buscar soluciones efectivas se convierte en una prioridad para preservar la seguridad pública y optimizar los recursos del Estado.

Finalmente, el fiscal aseguró que la institución seguirá utilizando las herramientas legales a su disposición para controlar los procesos penales y civiles derivados de cada incidente, y evaluará la aplicación de los protocolos de seguridad establecidos. "Estamos llevando a cabo acciones civiles y controlando los procesos penales, que es lo que podemos hacer en la actualidad", concluyó.