Denuncia penal contra Espejo: investigan irregularidades en la seguridad de la Fiesta de la Tradición

La denuncia penal presentada el pasado 20 de febrero contra el intendente Matías Espejo no solo lo involucra a él, sino que extiende la responsabilidad a toda la cadena de funcionarios que habrían intervenido en la autorización de la seguridad del evento más importante del departamento.

Los concejales Gema Casas y Felipe Tañez fundamentaron la presentación judicial en la presunta comisión de seis delitos graves: incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado, malversación de caudales, administración fraudulenta, falsedad ideológica y encubrimiento.

El eje del conflicto gira en torno a dos nombres: Luis Eduardo Medawar y Gabriel Marcelo Clavel. Según una respuesta oficial de la Central de Policía con fecha 4 de diciembre de 2025, en la provincia no figura ninguna agencia de seguridad habilitada a nombre de estas personas. Sin embargo, habrían sido quienes coordinaron el operativo de vigilancia en el Anfiteatro Buenaventura Luna durante la celebración.

La irregularidad habría quedado expuesta las noches del 14 y 15 de noviembre de 2025, cuando en pleno desarrollo del evento la División Control de Agencias Privadas constató que 20 personas cumplían funciones de seguridad sin autorización legal. A raíz de ello, se iniciaron expedientes contravencionales por infracción a la Ley 926-R, normativa que regula estos servicios en San Juan.

A este escenario se suma la presunta falta de transparencia administrativa. Según los ediles denunciantes, el 29 de diciembre solicitaron formalmente al jefe comunal copia de las facturas, del contrato específico y antecedentes de posibles contrataciones previas con los mismos particulares. Aseguran que no obtuvieron una respuesta satisfactoria.

La causa, que ya fue recepcionada por el colaborador de litigación del fiscal Aballay, busca determinar si el municipio contrató a una firma “fantasma” y si se habría falseado documentación pública para justificar el pago de un servicio que, legalmente, no estaba habilitado para operar.