La medida se formalizó a través de un decreto que permite a las provincias asumir tareas de administración, mantenimiento y obras sobre corredores nacionales, financiándose mediante sistemas de peaje.
Además de San Juan, el esquema incluye a Mendoza, Córdoba, Santa Fe, San Luis, Corrientes, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz, distritos que ya manifestaron interés en hacerse cargo de tramos estratégicos.
Según se informó, las provincias podrán otorgar concesiones de obra pública para ejecutar mejoras en las rutas y recuperar la inversión a través del cobro a los usuarios. Sin embargo, las rutas seguirán siendo de jurisdicción nacional y estarán bajo supervisión técnica de Vialidad Nacional.
El modelo apunta a descentralizar la gestión de la infraestructura vial en un contexto en el que la Nación busca reducir el gasto público y transferir responsabilidades a las jurisdicciones locales.
En este marco, cada provincia deberá evaluar la viabilidad económica de los proyectos y definir en qué tramos aplicará peajes, así como los valores y obras a ejecutar.
La medida abre un nuevo escenario para San Juan, donde el eventual cobro de peajes podría destinarse a mejorar rutas clave para la producción, el turismo y la conectividad provincial.
