La huelga fue convocada por 24 horas y tiene entre sus principales reclamos una recomposición salarial, la reapertura de la Paritaria Nacional Docente, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y una nueva ley de financiamiento educativo. Los gremios también reclaman mayores recursos para las escuelas, comedores, infraestructura, becas y programas socioeducativos, además de rechazar una eventual reforma previsional y el proyecto de Ley de Libertad Educativa.
En este contexto, el Gobierno nacional ratificó que llevará adelante inspecciones muestrales en establecimientos educativos de todo el país para controlar el cumplimiento de la normativa vigente. Según informó el Ministerio de Capital Humano, el objetivo será verificar la prestación mínima del servicio educativo durante la jornada de protesta.
El Gobierno sostiene que, bajo la nueva normativa, la educación es considerada un servicio esencial y que durante las medidas de fuerza debe garantizarse un piso del 75% de la prestación habitual. En caso de detectar incumplimientos, advirtió que se activarán los mecanismos correspondientes para aplicar sanciones.
La medida se desarrolla además en medio de una disputa judicial en torno a la aplicación de esta normativa y sus alcances sobre el derecho a huelga. A pesar de este escenario, el Ejecutivo confirmó que mantendrá el operativo de fiscalización previsto para este lunes.
En cuanto a San Juan, el impacto del paro dependerá del nivel de adhesión de los docentes en cada establecimiento. La jornada se da en el marco de un reclamo nacional que busca poner en agenda la situación salarial y el financiamiento de la educación pública, mientras que las autoridades nacionales buscan garantizar la continuidad de las clases y controlar el cumplimiento de la prestación educativa.
