Las resoluciones, emitidas durante 2026, forman parte de los controles que realiza el organismo para verificar el correcto uso de las viviendas financiadas por el Estado.
Las medidas alcanzan a inmuebles ubicados en el Barrio CGT – Sector VI (Rivadavia), Barrio AFE Angaco – Sector II, los Conjuntos 2 y 5 de Chimbas, además de viviendas situadas en los barrios Caraballo, Lozano y El Chañar.
De acuerdo con el IPV, las principales irregularidades detectadas fueron el abandono de las viviendas, el alquiler o la venta a terceros sin autorización y la acumulación de una mora prolongada en el pago de las cuotas, situaciones que constituyen incumplimientos graves dentro del régimen de viviendas sociales.
En ese marco, el organismo también avanza con un relevamiento en todos los barrios de los distintos departamentos de San Juan. El censo tiene como objetivo verificar la ocupación efectiva de las viviendas, constatar que los adjudicatarios residan en los inmuebles y detectar posibles irregularidades para garantizar que las casas cumplan con el fin social para el que fueron construidas.
Desde el IPV recordaron que las viviendas adjudicadas mediante programas habitacionales deben ser ocupadas por sus beneficiarios y no pueden destinarse a fines comerciales ni transferirse sin autorización, ya que forman parte de políticas públicas destinadas a garantizar el acceso a la vivienda.
Como resultado de estas revocaciones, las unidades habitacionales recuperadas volverán al circuito administrativo del IPV para ser evaluadas y posteriormente adjudicadas a familias que cumplen con los requisitos y continúan inscriptas a la espera de acceder a una vivienda.
El organismo destacó que estos controles y censos buscan asegurar que las viviendas sociales sean utilizadas conforme a su finalidad y puedan llegar a quienes realmente las necesitan.
