La entrada en vigencia de la Ley 27.801 cambió el escenario para los adolescentes que cometan delitos en San Juan. Uno de los puntos centrales es que el nuevo régimen alcanza a jóvenes desde los 14 años, cuando anteriormente la edad de imputabilidad estaba establecida en los 16.
Sin embargo, esto no significa que un adolescente de 14 o 15 años que cometa un delito vaya directamente a prisión.
El juez penal de Niñez y Adolescencia Jorge Toro, en diálogo con Radio Sarmiento, explicó que la legislación contempla diferentes respuestas antes de llegar a la privación de la libertad.
Entre ellas aparecen amonestaciones, restricciones de acercamiento, prohibiciones para concurrir a determinados lugares, tareas comunitarias, programas educativos y capacitación laboral.
El encierro queda establecido como último recurso y durante el menor tiempo posible.
Para Toro, uno de los principales interrogantes es si la provincia contará con los recursos necesarios para aplicar realmente estas alternativas.
“La respuesta del Estado más que nunca tiene que ser eficaz”, sostuvo el magistrado.
El objetivo, explicó, debe incluir educación, salud, formación laboral y reinserción social. De lo contrario, existe el riesgo de que la falta de programas termine haciendo del encierro una salida incluso frente a hechos de menor gravedad.
Actualmente, San Juan cuenta con el Instituto Nazario Benavídez para adolescentes con medidas privativas de libertad. Históricamente estuvo pensado para jóvenes de 16 y 17 años, pero el nuevo escenario incorpora también a los de 14 y 15 años.
Toro también aportó un dato relevante: los menores de 18 años representan menos del 2% de los delitos registrados en la provincia.
Además, aseguró que el 79% de los adolescentes que comete un delito no vuelve a delinquir.
El problema se concentra principalmente en un grupo reducido: entre el 8% y 9% de los jóvenes, alrededor de 60 a 70 chicos por año, concentra buena parte de los hechos delictivos juveniles.
En muchos de esos casos aparecen situaciones vinculadas al consumo problemático de sustancias, abandono escolar y graves déficits educativos.
Para el magistrado, será justamente sobre ese grupo donde deberá concentrarse buena parte del trabajo del Estado.
Con el nuevo Régimen Penal Juvenil ya en marcha, San Juan enfrenta ahora el desafío de aplicar un sistema que incorpora a adolescentes desde los 14 años, pero que establece que la cárcel debe ser la última alternativa y no la primera respuesta frente al delito juvenil.
