La causa conocida como “Acueducto Gran Tulum” tendrá este miércoles 14 de octubre una instancia central: la audiencia de formalización de la investigación, convocada para las 14:30 en la Sala 9, en el subsuelo del Edificio de Tribunales.
Entre los once citados figuran el exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac, y el legislador nacional y expresidente de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), Cristian Andino.
El expediente, caratulado como “Actuaciones por denuncia en perjuicio de la administración pública”, busca esclarecer posibles irregularidades en las contrataciones, los montos abonados y las características técnicas de las cañerías adquiridas para la obra.
Además de Uñac y Andino, la convocatoria incluye a Guillermo Sirerol, Sergio Ruiz y Juan Carlos Caparrós, quienes presidieron OSSE en distintas etapas, y al exministro de Infraestructura provincial Julio Ortiz Andino.
También fueron citados Humberto Caballero, exresponsable del área jurídica de OSSE y actual juez laboral; Juan Sánchez, Francisco Javier Correa y Rolando Vicente Caruso, vinculados con áreas técnicas del organismo.
Completa la lista Gustavo Fabián Mastelono, presidente de Krah América Latina, empresa relacionada con la provisión de las cañerías investigadas.
Durante la audiencia se espera conocer qué hechos y posibles responsabilidades atribuye la Fiscalía a cada uno. La convocatoria no implica que los once hayan cometido delitos ni constituye una condena.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada en diciembre de 2025 por el abogado Marcelo Arancibia, tras los cuestionamientos sobre distintos aspectos de la construcción del Acueducto Gran Tulum.
La investigación apunta a determinar si existieron irregularidades en los procedimientos de contratación, si los precios abonados se correspondían con las condiciones pactadas y si los materiales suministrados cumplían las exigencias técnicas.
También busca reconstruir la intervención de los responsables políticos, administrativos y técnicos en las etapas bajo análisis.
En febrero de este año, el Gobierno de San Juan se constituyó como querellante a través de Fiscalía de Estado, para intervenir en el proceso por los presuntos perjuicios al patrimonio provincial.
La formalización permitirá conocer los términos de la investigación, las posibles calificaciones legales y las conductas que los fiscales Francisco Pizarro y Sebastián Gómez atribuyan a los convocados.
Se trata de una instancia previa al juicio, en la que también podrán plantearse cuestiones relacionadas con la continuidad de la investigación.
Respecto de Uñac y Andino, en los días previos trascendió la posibilidad de que participaran mediante videoconferencia, aunque esa modalidad no había sido confirmada oficialmente.
Una vez finalizada la audiencia, los fiscales atenderán a los periodistas en el ingreso de Tribunales, sobre calle Ignacio de la Roza. Allí se espera conocer el resultado de la instancia y los próximos pasos de una causa vinculada a una obra estratégica para el abastecimiento de agua en San Juan.
