La fiscalía formuló acusación y requirió que un changarín de Caucete, de 34 años e identificado con las iniciales S. E. O., sea llevado a juicio por abuso sexual reiterado contra su hijastra. En caso de condena, la pretensión punitiva es de 17 años de prisión de cumplimiento efectivo.
La causa está en manos de la fiscal Valentina Bucciarelli y del ayudante fiscal Nahuel Ibazeta, de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Abuso Sexual y Violencia Intrafamiliar (UFI ANIVI). La pesquisa se abrió en junio, a partir de una denuncia presentada por una docente de la adolescente, que al momento de revelar lo ocurrido tenía 13 años.
Según la acusación, los hechos comenzaron cuando la nena tenía alrededor de 4 o 5 años y se prolongaron casi ocho años, con episodios también entre los 11 y los 13. La Fiscalía los encuadra como abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y por las circunstancias en que se habría cometido, agravado por el aprovechamiento de la convivencia con una menor de 18 años, y como abuso sexual con acceso carnal reiterado, también agravado por esa convivencia. Ambos delitos se imputan en concurso real y en calidad de autor.
El requerimiento funda la pena pedida, entre otros puntos, en la edad de la presunta víctima, el tiempo que habría durado la situación, la reiteración y el vínculo de convivencia. Para la fiscalía, los ultrajes fueron continuos y aberrantes, y se habrían producido bajo amenazas, en distintos domicilios donde la menor vivía con su madre y el acusado.
Entre los elementos reunidos figuran la denuncia de la docente, la declaración videograbada de la adolescente —tomada como anticipo jurisdiccional de prueba—, informes de abordaje y pericias psicológicas, un informe médico legal, documentación sobre la edad de la nena y testimonios de la madre y de otras personas vinculadas a la investigación.
El control de la acusación se hizo esta semana ante la jueza de garantías María Carolina Parra. El imputado permanece detenido con prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial. La defensa, a cargo de la abogada María Filomena Noriega, sostiene que los delitos no existieron y que la denuncia nació de un conflicto familiar. Esa versión tendrá que discutirse en el proceso y, si la acusación se confirma, en el juicio oral.
