La Ley 27.669 establece el Marco Regulatorio de la cadena de producción y comercialización nacional y/o con fines de exportación de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados afectados al uso medicinal, incluyendo la investigación científica, y al uso industrial. Con esta ley se busca la promoción y el desarrollo de la cadena productiva sectorial en todo el país.

Fue aprobada el 26 de mayo de 2022 y, desde entonces, la sociedad esperó su reglamentación definitiva por parte del Poder Ejecutivo. Finalmente, el lunes 7 de agosto fue publicado en el Boletín Oficial y, por tanto, la normativa que la contiene podrá ser ejercida por la sociedad a partir de ahora. Dicha reglamentación era fundamental porque implica límites a su ejercicio y reducirlo a un ámbito más acotado; asegurar el orden en la convivencia social, para evitar que el ejercicio de los derechos por parte de unos, interfiera en el de otros. Además, quedan formalmente autorizados los cultivos de cannabis dentro de este marco regulatorio, al igual que la Ley. 27.350; con ello, ya no serán considerados estupefacientes a los fines de la Ley N° 23.737.

Entonces, alcanzar la reglamentación de la Ley 27.669 significa su aplicación definitiva en todo el territorio y la conquista final de los derechos contemplados para todos los miembros de la República Argentina, conforme a las condiciones y requisitos previstos por ella.

Puesta en funcionamiento de la Ariccame:

Entre los puntos más destacados de la Ley se encuentra la reciente creación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), un organismo descentralizado cuya órbita de trabajo se emplaza en la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía de la Nación. Tiene autarquía administrativa, funcional, técnica y financiera, con jurisdicción en todo el territorio nacional; cuenta con un Directorio representativo de diferentes sectores de entendimiento en la materia, como así representantes de cada provincia. Además, tiene competencia para controlar y emitir las autorizaciones administrativas con respecto al uso de la planta, de semillas del cannabis y de sus productos derivados, incluyendo las líneas genéticas de cáñamo con fines industriales.

A partir de la estimación de que el cannabis se vislumbra como otro "commodity" de los que exporta la Argentina, tal como ocurre con los granos o la carne, la Ley contempla el marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis -es decir, la importación, exportación, cultivo, producción industrial, fabricación, comercialización y adquisición- por cualquier título. En otras palabras, la nueva normativa promueve mecanismos de autorizaciones para los productores y comercializadores, como así estrategias de seguridad, fiscalización y trazabilidad en la cadena.

A partir de esta Ley, se persigue el “desbaratamiento del mercado informal de aceites y otras preparaciones herbarias irregulares que existe en la actualidad, y terminar con la proliferación de productos que carecen de cualquier tipo de control respecto de su composición y calidad", como surge en el mismo texto publicado. Este último aspecto, asimismo, tiene el fin de preservar la calidad de vida de los pacientes y la efectividad de los tratamientos médicos a partir del cannabis.

Desde 2019, San Juan toma la decisión política de invertir en esta incipiente industria de impacto mundial, con el fin de brindar oportunidades genuinas de trabajo y desarrollo productivo y empresarial de agentes involucrados en la materia. Si bien todo el trabajo que desarrolla CanMe está enmarcado en Ley 27.350 de Cannabis Medicinal, esta nueva normativa implica la apertura y proyección de nuevas etapas de producción a escala y la elaboración final de los productos derivados.