Este viernes 29 de diciembre se cumplen ocho días desde que el presidente Javier Milei publicó en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. Bajo el título “Bases para la reconstrucción de la Economía Argentina”, el texto cuenta con 366 artículos que apuntan a desregular la economía.
Pese al rechazo y reclamo de distintos sectores y la advertencia de sectores opositores sobre que se iba a buscar derogar el DNU en el Congreso, la normativa tiene plena vigencia hasta que eso pase.
Entre los principales puntos está la declaración de la “emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025″.
Además quedó derogada la ley de Alquileres, lo que significa que los nuevos contratos se deberán acordar entre las partes, en cualquier moneda y por el índice de actualización que el propietario y el inquilino acuerden.
También se elimina el límite de adquisición de tierras en manos extranjeras y se suprime la ley de abastecimiento, la ley de Góndolas y otras normativas relacionadas a los derechos de usuarios y consumidores de servicios.
Con respecto a la salud, se elimina la obligatoriedad de que las recetas médicas tengan el medicamento genérico, sin poner marcas comerciales y se avanzó a la receta electrónica. Además se levantó la restricción de precios al costo de las prepagas.
En el plano laboral, el DNU desreguló las contrataciones y flexibiliza el mercado. Duplica el período de prueba y también dejó sin efecto la ley que duplica las indemnizaciones en caso de que la relación laboral sea en negro o por menos cantidad de horas que las trabajadas.
En tanto que otro de los artículos restringe el derecho a huelga en algunas actividades que pasaron a considerarse como servicios esenciales y que nunca podrán funcionar por debajo del 75% de su normal servicio.
Todas estas modificaciones generaron profundo rechazo en sectores políticos, sociales y sindicales. De hecho, la propia Confederación General del Trabajo (CGT) anticiparon un paro general para el próximo 24 de enero, fecha en la que el Congreso podría tratar este DNU y también la ley Ómnibus que el Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados y que es un complemento al decreto.
