Censo en el Penal de Chimbas: el 97% son varones y el 86% no terminó la escuela

En la jornada de este jueves, en el marco de las 4° Jornadas de Sociología, se dieron a conocer los datos estadísticos preliminares del Primer Censo de la Población Carcelaria de la Provincia de San Juan (CPCSJ).

Asistieron al acto el secretario de Estado de Seguridad y Orden Público, Dr. Gustavo Sánchez; la vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales, CPN María del Carmen Zorrilla; el director del Servicio Penitenciario Provincial, Dr. Enrique Delgado; el director del Departamento de Sociología, Lic. José María Carelli; la Coordinadora del CPCSJ, Mg. Gabriela Tomsig; entre otras autoridades universitarias y penitenciarias, como así alumnos y público general.

El perfil sociodemográfico apunta hacia una población excluida estructuralmente en múltiples dimensiones en las últimas décadas. La combinación de juventudes, masculinidades precarias y vínculos familiares debilitados, sugiere que la privación de libertad es, en gran medida, la culminación de procesos de marginalización previos.

En total, residen en la Unidad un 97% de varones y 3% de mujeres; siendo el 78% menores de 42 años, mientras el 53% tiene entre 18 y 32 años. El 75% de los varones tiene hijos, mientras el 92% de las mujeres son madres. 

Si bien un 93% declara haber asistido a la educación formal, un 86% del total de la población penal oscila entre el primario y secundario incompletos; un 7% afirmó estar en absoluto analfabetismo. 

Los datos permiten observar cómo la exclusión educativa previa al ingreso al sistema penal y la baja escolarización dentro del mismo son factores que perpetúan las desigualdades sociales. Las trayectorias educativas truncas están asociadas con la marginación social y la pobreza, lo que implica que las políticas públicas deben enfocarse en evitar que las personas en riesgo de exclusión escolar queden fuera del sistema educativo formal.

El acceso a la educación en el contexto carcelario debe ser priorizado no solo como un derecho humano, sino también como un mecanismo para reducir la reincidencia. 

La baja cobertura de salud previa al ingreso es otro de los datos alarmantes que arrojó el censo. Solo el 26% de los internos pudo acceder a los servicios, lo que sugiere una vinculación de la población carcelaria a los sistemas de seguridad social antes su encarcelamiento.

Esto puede señalar una historia de marginalidad o trabajos informales, donde el acceso a recursos de salud preventiva es mínimo. Las mujeres presentan una leve ventaja en acceso a obra social, pero esta diferencia es menor y parece insuficiente para garantizar atención continua.

 De la población con enfermedades crónicas (con mayor impacto en mujeres), indica una carga de salud que requiere atención sostenida y específica, especialmente en el tratamiento de hipertensión y diabetes. Esto puede ser indicativo de condiciones de vida previas que contribuyen a la aparición de enfermedades en edades tempranas, especialmente si estas personas experimentaron limitaciones en recursos alimentarios, de actividad física y acceso a atención médica. Las mujeres presentan además condiciones como el tiroidismo, reflejando posiblemente una exposición desigual a factores de riesgo relacionados con su contexto social y roles previos, como las demandas de trabajo informal o cuidado.

Otros de los datos que muestra el análisis es una alta tasa de inserción laboral temprana, entre los 5 y 14 años. Esto refleja un contexto de vulnerabilidad y desigualdad social, donde la necesidad de contribuir económicamente desde temprana edad puede estar relacionada con la falta de acceso a educación y oportunidades de desarrollo, lo que perpetúa ciclos de pobreza y exclusión.

Un breve repaso por las trayectorias laborales de los PPL demuestra, asimismo, empleos precarios. Es decir, mayormente sin registración, escaso o nulo acceso a beneficios laborales y pluriinserción laboral, entre otros aspectos.

Quizás unos de los datos más alarmantes que arrojó este trabajo sociológico fue la alta taza de consumo de sustancias en edades que tradicionalmente están asociadas a la consolidación laboral y social, que en este contexto reflejan un perfil de marginalidad y riesgo.

La mayor incidencia en hombres y en adultos jóvenes resalta la posible necesidad de intervenciones preventivas en estas etapas críticas de desarrollo. La prevalencia del consumo de drogas sugiere que esta población probablemente enfrentó contextos de vulnerabilidad y carencias previas. Esto puede señalar una conexión entre el consumo de sustancias y la integración social, donde la falta de redes de contención o un sistema de apoyo.

El secretario de Seguridad y Orden Público destacó la importancia del trabajo realizado en el Servicio Penitenciario Provincial por los profesionales y estudiantes para visibilizar y conocer con rigor científico la realidad de vulnerabilidad que atravieza este sector poblacional.

“Tras esto, la política tiene que avanzar en hacer realidad la inclusión social para que, entre todos, podamos generar un mejor futuro a las personas”, concluyó el funcionario.