El Tribunal de Cuentas ha imputado al exintendente de Pocito, Armando Sánchez, y a varios exfuncionarios, señalando una serie de irregularidades en la gestión de 2023 que podrían originar un perjuicio de 120 millones de pesos. En total, se han formulado 25 cargos en su contra.
Los acusados han sido notificados y ahora tienen un plazo para presentar sus descargos y justificaciones sobre los gastos en cuestión. Uno de los cargos más destacados implica un pago de 49,8 millones de pesos a Hormigones de Cuyo por la repavimentación de la calle Maurín, que carece de la documentación adecuada. Además, se cuestionan pagos de casi 16 millones destinados a la instalación de juegos deportivos, y más de 9 millones por operativos de limpieza, ambos sin contratos ni facturas que respalden las transacciones.
También hay cargos por aproximadamente 6 millones relacionados con la renovación de espacios verdes y equipamiento para plazas, así como dos acusaciones de 5 millones cada una por enripiado de calles y catering de un evento, todos realizados sin la debida documentación formal. Las restantes imputaciones son de menor monto.
Si los exfuncionarios no presentan pruebas válidas que justifiquen estos gastos, el Tribunal podría declararles responsables, lo que podría llevar a la Fiscalía de Estado a iniciar acciones de cobro a nivel municipal. La investigación del caso sigue en curso.
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