El IPV quiere seguir recuperando viviendas para volver a sortearlas

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) ha iniciado un proceso de revocación de adjudicación sobre 100 viviendas deshabitadas en San Juan. Estas unidades fueron identificadas a través de operativos y denuncias anónimas en la web del organismo.

Según Elina Peralta, directora del IPV, quien habló con Diario Movil, la mayoría de estas viviendas permanecen vacías desde su adjudicación. Si bien algunos adjudicatarios han comenzado obras menores, la falta de ocupación es alarmante. Las viviendas están esparcidas por diferentes barrios de la provincia, lo que indica una problemática generalizada sin puntos críticos específicos.

Los motivos para la revocación incluyen desocupación, alquiler sin autorización y falta de pago. La Ley 196-A destaca que cada familia puede ser adjudicataria de una sola vivienda, la cual deben ocupar y mantener. Alquilar, vender o deshabitar antes de cancelar el inmueble está prohibido.

El proceso de revocación implica que los adjudicatarios reciban una notificación y tienen 20 días para presentar un descargo. Este puede extenderse más de un año en instancias administrativas antes de llegar a procesos legales. La propiedad sigue en manos del titular hasta que se concluya el proceso de revocación, impidiendo que el IPV disponga de estas viviendas para nuevos sorteos.

El equipo jurídico del IPV, junto a la Asesoría Letrada de Gobierno y Fiscalía de Estado, está buscando alternativas para acortar los plazos legales del proceso. Aunque aún no se han tomado decisiones finales, se evalúa una posible modificación legal.

Las viviendas aun no serán reasignadas hasta que se verifique su estado mediante inspecciones técnicas. Aquellas que estén en condiciones podrán ser sorteadas nuevamente, mientras que las que necesiten reparaciones serán restauradas antes de su reingreso al mercado habitacional.

Por ley, las viviendas recuperadas se adjudicarán a través de sorteo, exceptuando casos de vulnerabilidad social extrema. El IPV subraya que las denuncias sobre situaciones de desocupación, alquiler o venta pueden realizarse de manera anónima en su sitio web, aunque aclara que los denunciantes no recibirán las viviendas.

La estructura legal y administrativa del IPV busca garantizar que las viviendas disponibles realmente sirvan a quienes más lo necesitan, aunque el camino para lograr este objetivo es, sin duda, complejo y prolongado.