La estrategia del Gobierno frente a la filtración de audios de Karina Milei

“Quienes difundieron eso, le erraron. Hicieron una de más. Convirtieron todo el tema en una operación política”, reflexionaba ayer un importantísimo estratega de la Casa Rosada sobre la revelación de los dos audios de Karina Milei hacia el fin de la semana pasada. En esas palabras se reflejaba la próxima jugada política que iba a ejecutar el Gobierno para comenzar a marcar la cancha, correr el eje de la discusión y comenzar a instalar -a través de una denuncia judicial- la narrativa de que el Ejecutivo está siendo víctima de una “operación de inteligencia no institucional” y una “maniobra golpista”.

Estos últimos dos conceptos fueron vertidos en la denuncia que esta tarde presentó el Ministerio de Seguridad Nacional de Patricia Bullrich, a través de su representante legal, Fernando Soto. La denuncia cayó en el Juzgado Federal N.º 10, a cargo de Julián Ercolini, quien investiga al ex presidente Alberto Fernández por la causa Seguros.

En la misma hora en la que el vocero Manuel Adorni anunciaba la denuncia del Gobierno, se conoció un fallo del juez Civil y Comercial Alejandro Marianello, que ordenó el cese inmediato de la difusión de los audios grabados ilegalmente a Karina en Casa Rosada. Se trata de una decisión a favor de una cautelar solicitada por la hermana presidencial el viernes pasado, cuando se conocieron los dos audios difundidos por el canal de streaming Carnaval. El juez consideró que la decisión no implica una censura previa, debido a que se busca proteger “la especial sensibilidad de los intereses estatales comprometidos” por los audios restantes que, supuestamente, iban a ser revelados esta semana.

Qué dice la denuncia presentada por el Gobierno
El documento solicita que se adopten “medidas cautelares urgentes a fin de impedir la propagación de nuevas filtraciones ilícitas”, que dispongan “la prohibición de difundir, propalar o divulgar nuevos registros relacionados con el caso”. Además, el Ministerio pidió el allanamiento de las oficinas del canal de streaming Carnaval, donde se difundió la gran mayoría del material de las últimas dos semanas, así como a su dueño y a los periodistas que encabezaron la revelación de estos audios. Esta solicitud también llega al esposo de la diputada nacional Marcela Pagano, y el principal apuntado por el Gobierno de realizar la supuesta operatoria de inteligencia que llevó a las grabaciones de Diego Spagnuolo y Karina Milei.

La denuncia, a la que tuvo acceso Infobae, describe a los actores y a los hechos de los últimos días y la enmarca en una maniobra que, según el Gobierno, busca “influir ilegítimamente en la opinión pública, alarmar y desinformar a la población, desestabilizar los principales indicadores de la política económica y, de este modo, influenciar el proceso electoral en las próximas elecciones legislativas”. “Naturalizar estas prácticas equivale a legalizar la extorsión política y periodística, travestida como ejercicio de la libertad de prensa”, escribe Soto en su denuncia.