A través de una medida cautelar, la Justicia de San Juan garantizó la continuidad de las operaciones y dejó en claro que ningún tercero, ni público ni privado, puede obstruir o suspender las actividades del yacimiento, salvo el Ministerio de Minería provincial como autoridad competente.
El fallo fue dictado por el juez Daniel Domingo Castro, de la Segunda Circunscripción Judicial, luego de que la empresa acudiera a tribunales sanjuaninos tras una resolución emitida en La Rioja que generó incertidumbre sobre el futuro del emprendimiento.
El conflicto se originó cuando la Justicia riojana, a cargo de la jueza María Greta Decker, ordenó en abril la suspensión de actividades por 30 días, excepto tareas de seguridad y mantenimiento, y restringió la circulación de maquinaria por el corredor Guandacol–Santa Elena–Las Cuevas, una vía clave para el proyecto.
La medida se basó en la falta de una Evaluación de Impacto Ambiental integral presentada ante La Rioja y en la preocupación por posibles impactos hídricos en el cerro El Potro.
Sin embargo, desde San Juan sostienen que el yacimiento está ubicado íntegramente en el departamento Iglesia y bajo su jurisdicción, amparado por la Ley Nacional 18.004. En esa línea, el gobernador Marcelo Orrego ratificó la potestad provincial sobre el proyecto.
A pesar de las restricciones dispuestas en la provincia vecina, la empresa informó que nunca hubo una notificación formal que obligara a frenar completamente las actividades, por lo que el proyecto se mantuvo operativo.
