El acceso a una vivienda del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) dejará de depender únicamente de la inscripción y el posterior sorteo. El Gobierno de San Juan impulsa una nueva ley que establecerá un sistema de puntajes obligatorio para todos los aspirantes, con el objetivo de transparentar el proceso de adjudicación.
La iniciativa, impulsada por la gestión del gobernador Marcelo Orrego, prevé una etapa de evaluación previa al sorteo. Solo quienes alcancen el puntaje mínimo podrán participar por una vivienda.
El asesor letrado de Gobierno, Alejandro Ferrari, explicó que el objetivo es brindar mayor transparencia y garantizar igualdad de oportunidades.
"La idea que tiene el gobernador es establecer un sistema transparente, mucho más contrastable en los hechos, para que la persona tenga la seguridad de que, si reúne las condiciones que la ley determina, podrá participar de un sorteo en el cual se le adjudique la casa", afirmó.
El nuevo sistema tendrá en cuenta distintos criterios para asignar el puntaje de cada postulante. Entre ellos figuran:
Uno de los cambios más relevantes será la incorporación de la situación judicial dentro de la evaluación. Ferrari adelantó que la inexistencia de antecedentes penales será un factor importante al momento de calificar, aunque aclaró que no cualquier antecedente implicará quedar automáticamente excluido.
Además, quienes registren incumplimientos en el pago de cuotas alimentarias ordenadas por la Justicia también podrán ver reducido su puntaje y, en consecuencia, disminuir sus posibilidades de ingresar al sorteo.
Desde el Gobierno aseguraron que la reforma busca terminar con cualquier sospecha sobre la asignación de viviendas.
"Se terminaron las adjudicaciones por planilla o de manera irregular; acá va todo el mundo al sorteo", sostuvo Ferrari.
El funcionario también señaló que dejarán de tener validez los listados confeccionados durante años por algunos sindicatos y organizaciones intermedias, cuyos integrantes creían tener asegurado el acceso a una vivienda tras comprar carpetas o realizar aportes económicos.
Según explicó, actualmente no existen compromisos formales firmados con varias de esas entidades y mantener ese mecanismo implicaría regresar a un sistema que la nueva ley busca eliminar.
La iniciativa contempla, además, nuevas causales para la desafectación de viviendas ya entregadas.
De aprobarse la ley, personas condenadas por delitos graves, como homicidios, delitos sexuales, robos agravados o hechos de violencia intrafamiliar, podrán perder la adjudicación cuando esas conductas afecten la convivencia y sean incompatibles con los objetivos de la política habitacional.
Con este proyecto, el Gobierno provincial busca modificar de manera integral el sistema de acceso a las viviendas sociales, incorporando criterios de evaluación que prioricen tanto la necesidad habitacional como la responsabilidad y el cumplimiento de obligaciones por parte de los postulantes.
