La normativa incorpora como uno de los criterios los casos vinculados a la difusión de mensajes de odio o expresiones que puedan ser consideradas ofensivas contra la Argentina, dentro de las causales que podrían derivar en medidas migratorias.
La decisión forma parte de una política de “tolerancia cero” impulsada por el Gobierno nacional y genera debate en torno a los límites de la libertad de expresión y las facultades del Estado para controlar el ingreso y la permanencia de extranjeros en el país.
El decreto establece nuevas herramientas para que las autoridades migratorias actúen ante situaciones que consideren que pueden afectar la seguridad, el orden público o los intereses nacionales.
La medida ya abrió la discusión política y jurídica sobre cómo se aplicará y qué tipo de expresiones podrían ser consideradas suficientes para activar una expulsión.
