La Justicia resolvió este viernes que Mauricio Alejandro Ruarte (38), el policía investigado por un grave episodio de violencia de género ocurrido en Rawson, continúe el proceso en libertad. La decisión fue adoptada pese a que la Fiscalía había solicitado dos meses de prisión preventiva.
Durante la audiencia, la UFI CAVIG formalizó la investigación contra el efectivo por lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, violación de domicilio y amenazas agravadas por el uso de arma de fuego.
El episodio investigado ocurrió durante la madrugada del 29 de agosto en el barrio Hualilán, Rawson. Según la acusación fiscal, Ruarte llegó hasta la vivienda de su expareja, con quien tiene una hija en común, y encontró allí a la mujer junto a un amigo.
Siempre de acuerdo con la reconstrucción presentada por la Fiscalía, el policía habría ingresado violentamente al domicilio y se produjo una discusión que escaló hasta una agresión contra el hombre que acompañaba a la denunciante.
La acusación sostiene además que Ruarte sacó un arma de fuego durante el episodio y amenazó al hombre. La mujer llamó al 911 y posteriormente el efectivo abandonó la vivienda luego de la intervención de la madre de la denunciante.
Durante la audiencia, la ayudante fiscal de la UFI CAVIG, Victoria Salinas, expuso los elementos reunidos hasta el momento.
Uno de los datos considerados relevantes por la acusación fue el resultado de la Evaluación de Riesgo (EPV) realizada en el marco de la denuncia. El caso obtuvo un puntaje de 20, correspondiente a un nivel de riesgo elevado, mientras que la denunciante manifestó haber tenido percepción de peligro de muerte.
El amigo que se encontraba con la mujer también declaró en la causa. Según se expuso, afirmó haber visto al acusado sacar un arma, aunque no pudo determinar si llegó a apuntarlo directamente. También aseguró haber observado cómo Ruarte empujaba a la mujer hacia el interior de la vivienda.
Con estos elementos, la Fiscalía pidió seis meses para desarrollar la investigación penal y dos meses de prisión preventiva. Fundamentó el pedido en la naturaleza de los hechos denunciados y en el posible riesgo para la víctima, los testigos y el desarrollo de la investigación.
Los abogados defensores José Beltrán y Marcela Olivera no se opusieron al plazo de seis meses de investigación, pero rechazaron la versión presentada por el Ministerio Público Fiscal.
Según plantearon, Ruarte había concurrido al domicilio para llevarle dinero a su hija y se encontraba acompañado por su actual pareja. También sostuvieron que existía una relación conflictiva entre el policía y su expareja.
La defensa rechazó la prisión preventiva al considerarla una medida extrema y remarcó que el efectivo posee arraigo familiar y laboral.
Finalmente, la jueza de Garantías Gloria Verónica Chicón habilitó los seis meses de investigación, pero no hizo lugar al pedido de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía.
Entre los fundamentos considerados se tuvo en cuenta que Ruarte no posee antecedentes penales y que actualmente existe separación de domicilios entre las partes.
Sin embargo, el policía deberá cumplir una serie de medidas mientras avance la investigación. Tendrá que presentarse una vez por mes en la Comisaría 9ª y tiene prohibido acercarse a la vivienda de la denunciante y a los lugares que ella frecuenta.
Además, deberá evitar cualquier conducta que pueda obstaculizar la investigación.
La Justicia también estableció que el contacto entre Ruarte y su hija deberá realizarse exclusivamente mediante la intervención de una tercera persona mientras se mantengan vigentes las medidas dispuestas.
