La Justicia dio el primer paso formal en el proceso penal por el brutal femicidio de Gemma Giselle Álvarez, la trabajadora de la salud de 33 años asesinada en el departamento Chimbas. Durante la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria, la Fiscalía —a cargo del fiscal Iván Grassi de la UFI Delitos Especiales— solicitó el dictado de un año de prisión preventiva para el imputado, Matías Exequiel Marín, junto con un plazo de investigación de 12 meses.
La atribución delictiva formulada por los fiscales es la de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género (femicidio), encuadrada en el Artículo 80 del Código Penal Argentino. Esta tipificación contempla como única sanción la pena de prisión perpetua.
Para sostener la medida de coerción más gravosa, el Ministerio Público Fiscal fundamentó la existencia de severos riesgos procesales:
Peligro de fuga: Marín escapó a pie tras el ataque de la escena del crimen y permaneció prófugo durante varias horas, resguardándose hasta que fue localizado y aprehendido en horas de la noche mientras intentaba atentarse contra su vida.
Gravedad del hecho y expectativa de pena: La escala penal del delito imputado no permite una condena de ejecución condicional.
Entorpecimiento de la investigación: La necesidad de resguardar testimonios e inspecciones periciales en el inicio de la causa.
De acuerdo con la teoría del caso expuesta por la Fiscalía, el sangriento episodio ocurrió durante la mañana del jueves 30 de julio sobre la calle Juan Domingo Perón (zona de la Costanera en Chimbas). Gemma circulaba a bordo de su motocicleta rumbo a su puesto de trabajo cuando fue perseguida y embestida por un automóvil Volkswagen Gol Trend blanco conducido por Marín, su expareja.
Tras forzar su detención, el agresor descendió del vehículo y la atacó con un arma blanca. Los informes forenses preliminares determinaron que la víctima recibió 31 puñaladas que le causaron la muerte instantánea en el lugar.
Asimismo, la Fiscalía dejó asentado que la víctima había radicado una denuncia contra Marín a comienzos de julio ante el Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género (CAVIG) por agresiones verbales y amenazas, contexto en el cual solicitó una medida cautelar de restricción perimetral para resguardar su integridad física.
