El Ministerio de Salud de la Nación formalizó la Resolución 1066/2026, mediante la cual reglamentó las modificaciones a la Ley de Migraciones fijadas por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 366/2025. A partir de esta normativa, los extranjeros que no tengan residencia permanente en la Argentina deberán presentar un seguro de salud vigente o abonar de forma previa las prestaciones médicas habituales y tratamientos programados que reciban en centros sanitarios bajo la órbita del Estado nacional.
La medida establece una clara distinción entre las personas que cuentan con Documento Nacional de Identidad (DNI) de residente permanente —quienes continúan accediendo a la salud pública en igualdad de condiciones que los ciudadanos argentinos— y aquellos con permanencia transitoria o irregular. Asimismo, la resolución garantiza la atención gratuita e inmediata en casos de emergencia médica que impliquen un riesgo cierto e inminente para la vida o la salud (como infartos, accidentes cerebrovasculares, traumatismos graves o urgencias obstétricas y pediátricas), independientemente del estado migratorio del paciente.
A pesar de la disposición adoptada a nivel federal, la provincia de San Juan decidió no implementar el cobro a pacientes extranjeros en sus centros de salud públicos. El ministro de Salud provincial, Amílcar Dobladez, confirmó la postura del Ejecutivo sanjuanino al señalar categóricamente: "Por ahora no se va a cobrar".
El funcionario justificó la medida explicando las diferencias de volumen asistencial que registra la provincia respecto de otras jurisdicciones con mayor tránsito fronterizo:
Bajo impacto estadístico: Según datos oficiales de los últimos tres años, San Juan registra un promedio anual de apenas 102 consultas de personas extranjeras. "No es significativo para nosotros la atención de un extranjero en la provincia", afirmó Dobladez, recordando que San Juan funciona como una provincia terminal con turismo predominantemente nacional.
Autonomía de recursos: Los hospitales y centros de salud públicos sanjuaninos están financiados por el presupuesto provincial. "Nosotros tenemos autonomía provincial para tomar esa decisión porque los hospitales en la salud pública en San Juan están subsidiados por el Gobierno provincial", destacó el ministro de la gestión del gobernador Marcelo Orrego.
Incentivo al turismo: Mantener la seguridad de la prestación sanitaria pública sin trabas administrativas se considera una herramienta favorable para promover la llegada de visitantes internacionales.
Pese a mantener la gratuidad en la actualidad, Dobladez dejó abierta la posibilidad de modificar la política sanitaria si cambian las condiciones demográficas de la provincia, especialmente ante el desarrollo de grandes proyectos mineros.
El ministro aclaró que si la demanda de atención de ciudadanos extranjeros llega a duplicar o triplicar la cifra actual de 102 consultas anuales, la provincia tomará decisiones basadas en "datos y no en sensaciones". En ese hipotético escenario de mayor radicación de trabajadores internacionales por el auge minero, Dobladez remarcó que las empresas privadas contratantes deberán asumir la cobertura médica de sus empleados, enfatizando que "el Estado no tiene que subsidiar a las empresas".
