El Gobierno prohibió los cargos hereditarios en la administración pública

 El Gobierno nacional anunció la prohibición de los cargos hereditarios en el sector público. A través de un decreto que será publicado en el Boletín Oficial, se estableció que no se admitirá ningún privilegio basado en vínculos hereditarios para acceder a un empleo en la administración pública nacional.

El anuncio fue realizado este viernes por el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el ministro de Desregulación y Modernización, Federico Sturzenegger.

Esta medida forma parte de una estrategia más amplia de racionalización del tamaño del Estado, en la que el Gobierno ya aplicó un recorte del 15% de la planta del personal público e intimó a jubilarse sin demoras a aquellos empleados que están en edad de retiro. El decreto subraya que, de ahora en más, quien ocupe un puesto en el Estado será elegido únicamente por su idoneidad.

 El Gobierno señaló que este privilegio ilógico colocaba a los empleados públicos por encima del resto de los trabajadores. 

Al respecto, la Constitución Nacional en su artículo 16 establece que "la Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad".

En 2018 ya hubo un intento frustrado de terminar con esta práctica, cuando el Banco Central la eliminó, pero luego se restableció en el estatuto de ese organismo en 2022. Actualmente, existen normas que generan una "herencia" de los cargos dentro del sector público, tanto a nivel nacional como provincial y municipal.

 El decreto también establece que la Secretaría de Trabajo no homologará las convenciones colectivas de trabajo que mantengan esta prebenda. 

El Gobierno explicó que existen ejemplos de estas prácticas en varios organismos del Estado Nacional, como la Aduana y AFIP, Anses, Banco Nación y BCRA, YPF y Ferrocarriles Argentinos, donde se priorizaba el ingreso de familiares de empleados fallecidos o jubilados.

Con esta medida, el Gobierno busca poner fin a una práctica que consideró "injusta y contraria a los principios de igualdad y mérito establecidos en la Constitución Nacional".