Carlos Gonzalo Riveros, un joven de 25 años oriundo de Tartagal, Salta, compareció este miércoles ante el Juez de Garantías tras recibir el alta médica. Custodiado por las fuerzas de seguridad, escuchó formalmente la acusación de los representantes de la UFI Delitos Especiales por el femicidio de su esposa, Camila Agustina Vecchiarello, de 26 años.
El trágico hecho ocurrió durante la madrugada del pasado domingo en una vivienda ubicada en la localidad calingastina de Barreal. Según la reconstrucción presentada por el fiscal Adolfo Díaz, cerca de la 1:00 AM Riveros atacó a la joven en el pasillo del domicilio, primero a golpes de puño y luego con un cuchillo de cocina. Al no lograr su cometido, tomó un segundo arma blanca de mayor filo con la que le asestó dos puñaladas certeras a ambos lados del cuello.
De acuerdo con el informe preliminar de la autopsia realizada a Vecchiarello —quien era oriunda de Rosario y se encontraba cursando la formación para ingresar a la Gendarmería Nacional—, la causa de muerte fue una grave hemorragia provocada por al menos nueve heridas cortopunzantes en el cuello y rostro. Las pericias también revelaron marcas en sus manos, lo que evidencia desesperados intentos de defensa. Y más estremecedor fue al descubrir que la joven rosarina se encontraba embarazada al momento de ser asesinada.
Tras cometer el crimen, Riveros escribió una nota manuscrita en la que expresaba: "Ya sé que es tarde para pedir disculpas, pero lo siento por todo. Me despido con el alma destrozada, me ganó la depresión". Posteriormente, le avisó a una ex pareja que planeaba quitarse la vida. Cuando la policía arribó al lugar, habían transcurrido unas 12 horas del ataque; allí hallaron el cuerpo de la víctima, las dos armas blancas con restos hemáticos y al agresor malherido tras su intento fallido de autoeliminación.
La Fiscalía imputó a Riveros el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género (femicidio). Dado que la pareja había contraído matrimonio formalmente el pasado 6 de julio, se contempla la calificación legal más severa del Código Penal argentino, cuya única sanción prevista es la pena de prisión perpetua.
