San Juan adhirió a la ley que habilita las recetas digitales de medicamentos

La Cámara de Diputados de San Juan celebró este jueves la Quinta Sesión del período ordinario, en cuyo transcurso fueron aprobados diversos temas incluidos en el Orden del Día, entre ellos diversos convenios; la adhesión de la provincia a la ley nacional de Recetas Electrónicas o Digitales; la adhesión a la Ley Yolanda y la aprobación unánime de la modificación de un artículo de la ley 716-M de Regalías Mineras.

La sesión fue conducida en forma alternada por el vicepresidente primero del cuerpo, Eduardo Cabello; el vicepresidente segundo Carlos Platero y el vicepresidente alterno, Edgardo Sancassani, acompañados por los secretarios Legislativo, Nicolás Alvo y Administrativo, Roberto Iglesias.

Ley de Recetas Electrónicas o Digitales

La Cámara de Diputados adhirió en todos sus términos a la Ley Nacional N° 27.553, Recetas Electrónicas o Digitales. El legislador José Luis Esteve estuvo a cargo de fundamentar este proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo.

En la ocasión, el diputado sostuvo que “la prescripción de medicamentos es el acto de indicar un tratamiento farmacológico que se requiere para una situación específica. Este acto lo realiza un profesional matriculado a través de una receta. Las recetas son clásicamente redactadas en papel, por puño y letra del prescriptor La prescripción y dispensa de medicamentos son actos sanitarios, que están comprendidos dentro de uno de los procesos asistenciales, que más beneficios presentan para su informatización, por sus aspectos clínicos, de seguridad, comodidad del paciente, y la simplificación de procesos administrativos. En la actualidad la legislación vigente en la Argentina (Nacional y Provincial) que rige para las prescripciones de medicamentos fueron redactadas hace muchos años (en su mayoría en las décadas de 1960 y 1970) y esas legislaciones expresan que las prescripciones y las actuaciones relacionadas con la prescripción y dispensación de medicamentos son realizadas de puño y letra”.

 “La receta digital es una herramienta en la gestión sanitaria que permite un mejor control de las prescripciones, reducción de errores médicos, aceleración o simplificación del proceso en los centros de salud, aumento en la adherencia a los tratamientos crónicos, optimización de gestión en farmacias, crecimiento y ordenamiento en las capacidades de fiscalización y auditoria de la gestión de medicamentos, y disminución de los costos financieros entre otras ventajas” expuso el diputado.

Seguidamente agregó que “la Receta Digital es el documento digital de carácter sanitario confeccionado y firmado a través de un sistema de prescripción electrónica específicamente diseñado para tal fin, por un profesional de la salud autorizado, mediante el cual, en el ámbito de sus competencias, prescribe a un paciente, medicamentos y/o productos médicos para ser administrados, aplicados o consumidos, cuando así lo requiera. Consiste en la posibilidad de que un médico prescriba un medicamento a un paciente y reemplace la tradicional receta de papel por un documento firmado y trabajado en un token (es una llave electrónica para validar las prestaciones, permite visualizar un código único e irrepetible).

Asimismo, manifestó “de acuerdo al avance de las tecnologías de la información y comunicación en las prestaciones de salud y augurando que los registros digitales/electrónicos en esta área podrán facilitar la gestión, simplificar los procedimientos para ordenamiento, control y gestión en la prescripción, dispensación, facturación, uso seguro, racional y gestión en general de los medicamentos, es que se propone establecer la adhesión a la Ley N° 27553.

“Es de público y notorio conocimiento que los principales problemas que afectan a la receta manual son, las dificultades para dilucidar la letra manuscrita, que puede llevar a interpretarse que se prescribió una droga cuando en realidad era otra, suministrándose un medicamento equivocado; y asimismo, el registro manual defectuoso, que puede generar - ya sea por omisión, ilegibilidad, daño o pérdida- un error médico que conlleve a la mala praxis, todo lo que en definitiva implica un aumento del costo social de salud, en detrimento de la garantía constitucional que se tutela en este proyecto”, explico Esteve.

Por último, dijo que “la calidad, eficacia y eficiencia del sistema de salud debe ser preservado por el Estado y asegurado al paciente en los términos del artículo 42 de la Constitución Nacional, así como también teniendo en consideración los Tratados Internacionales que nuestro país ha adoptado. El acto médico o de los profesionales regulados específicamente por la ley 17.132, no puede entenderse como un mero acto individual de ejercicio profesional y de efecto entre particulares. Recuérdese que éste se relaciona de manera primordial con la actividad de evaluación diagnóstica, pronostica, de prescripción y/o ejecución de medidas terapéuticas relativas a La salud de las personas, grupos o comunidades, ejercidas por un médico con libertad de decisión y consentimiento del sujeto alcanzado por el mismo. Por ende, esta actividad profesional se vincula directamente con los derechos del paciente, que se encuentran previstos, a su vez en la Ley Nº 26.529”.

Adhesión a la “Ley Yolanda”

Posteriormente la legisladora Fernanda Paredes fue la responsable de brindar los fundamentos de un proyecto de Ley que result de la unificación de cuatro proyectos presentados, uno por el bloque Justicialista; otro por el bloque Actuar; un tercero por el bloque Producción y Trabajo, y también otro por el Poder Ejecutivo.

Este asunto propone la adhesión de la provincia de San Juan a la Ley Nacional Nº 27592 denominada “Ley Yolanda”, que tiene por objeto garantizar la formación integral en perspectiva de desarrollo sostenible, apoyada en valores sustentables y ambientales para las personas que se desempeñen en la función pública.

Convenio con la Universidad del Gran Rosario

El cuerpo legislativo ratificó un convenio marco de Cooperación Técnica y Fortalecimiento con la Universidad del Gran Rosario, suscripto el 6 de septiembre del 2021 entre el Ministerio de Salud Pública de la Provincia de San Juan y la Universidad del Gran Rosario.

En la ocasión, la diputada Marcela Monti fue la encarda de fundamentar el asunto como miembro informante. Durante su alocución señaló que las partes intervinientes en este acuerdo buscan implementar un marco institucional para llevar a cabo la promoción de acciones conjuntas realizando aportes comunes en razón de su naturaleza institucional, académica, científica, cultural y/o empresaria, tendientes a crear lazos de cooperación y complementación, con el objetivo de promover la colaboración a fin de realizar conjuntamente actividades, en áreas de interés común.

Convenio con el Instituto Nacional del Cáncer

Luego, la Legislatura aprobó otro convenio marco de cooperación y también un convenio específico celebrado entre el Instituto Nacional del Cáncer, y la provincia de San Juan. En esta oportunidad, los fundamentos del proyecto fueron presentados por el diputado Gustavo Rodríguez.

El legislador explicó que el objeto de este acuerdo marco consiste en formalizar las relaciones institucionales entre ambas partes, a fin de desarrollar acciones tendientes a reducir la incidencia y mortalidad por cáncer, como así también mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos del país.

Por otro lado, sostuvo que el Convenio Específico, y su Anexo I Compromiso de Gestión, tienen por objeto la adhesión de la Provincia de San Juan, al Programa Nacional de Prevención y Detección Temprana del Cáncer Colorrectal (PNCCR), según las características organizativas e institucionales del mismo, implementando las responsabilidades, compromisos y obligaciones a ser asumidas por cada una de las partes.

Reducir el circulante de armas de fuego

Después, la Cámara otorgó acuerdo a un convenio marco de cooperación y asistencia técnica firmado entre la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), representada en este acto por su director ejecutivo, Ramiro Urristi, por una parte y por la otra, por el secretario de Estado de Seguridad y Orden Público, Carlos Ariel Munisaga. Los argumentos de este asunto fueron explicados por la diputada Celina Ramella.

“El objetivo de este acuerdo es establecer vínculos de colaboración para la programación de gestiones tendientes a desarrollar acciones, proyectos de cooperación y/o asistencia para el trabajo en conjunto, a fin de instaurar la implementación de políticas públicas destinadas a reducir el circulante de armas de fuego en la sociedad civil, previniendo los efectos de la violencia armada como así la violencia de género, e intercambiando información de manera recíproca a efectos de prevenir la proliferación ilícita de armas y agilizar la investigación criminal”, indicó la diputada.

Además, manifestó que “las partes se comprometen a realizar actividades conjuntas tendientes al procesamiento y envío de materiales controlados que hayan sido secuestrados, incautados o decomisados en la jurisdicción de la provincia de San Juan, al Banco Nacional de Materiales Controlados, con el fin, de destrucción en el marco de las Leyes números 20.429, 25.938, 26.216, de las cuales surge la competencia con carácter exclusivo y excluyente de la ANMaC para esta acción”.

También, informó entre otros puntos, que “buscan la instalación de puestos móviles de recepción de materiales controlados, en diferentes puntos del territorio provincial en el marco del PEVAF. Diseño e implementación en-forma conjunta, de planes de capacitación para organización de la sociedad civil, universidades, agentes y funcionarios. Delineación en conjunto de actividades de prevención y concientización relativas al desarme y a la cultura de la no violencia, como así también la difusión de las mismas”.

Por último, señaló que se comprometen a: ejercer las acciones tendientes a establecer mecanismos de notificación de denuncias vinculadas a Violencia de Género o Intrafamiliar de las que tome conocimiento la Secretaria para hacerlas saber a la ANMaC, a fin de que esta se anoticie y tome consecuentemente las medidas de su competencia correspondiente; buscar consensos y colaboración respecto al eventual traslado de la Delegación de la ANMaC dentro del territorio provincial; actualizar la información por parte de la Secretaría respecto a la composición de las exigencias de armamento de dotación de la Policía de la Provincia de San Juan como del Servicio Penitenciario Provincial, a fin de mantener actualizado el Banco Nacional Informatizado de Datos sobre Materiales Controlados de la ANMaC, conforme a la legislación vigente;  fomentar programas de regularización de permisos fenecidos supeditados al acuerdo de Partes, sobre materiales controlados de titularidad particular de miembros en actividad y retiro de la Policía y el Servicio Penitenciario de la Provincia de San Juan y promover, facilitar y reforzar la cooperación entre las partes, manteniendo reuniones periódicas tendientes a evaluar los avances obtenidos.

Convenio con el Poder Judicial

Posteriormente, el cuerpo parlamentario ratificó un convenio marco celebrado entre el Poder Ejecutivo provincial, representado por el gobernador Sergio Mauricio Uñac, y la ministra de Hacienda y Finanzas, Marisa Sandra López por una parte, y por la otra, el Poder Judicial de San Juan, representado por el ex presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur. Este punto del orden del día fue fundamentado por el diputado Gastón Berenguer.

Durante su alocución explicó que el referido acuerdo tiene por objeto, que ambos Poderes establezcan un marco para la colaboración y cooperación institucional entre ellas, a fin de asistirse y asesorarse mutuamente para avanzar con el logro de los objetivos que les son propios y, en particular, promover la incorporación de medios electrónicos para el intercambio de información a través de oficios por vía electrónica, así como el desarrollo, implementación y utilización de plataformas informáticas comunes.

Convenio con el Banco de Drogas Especiales

Luego aprobaron un proyecto de Ley presentado por el Poder Ejecutivo, mediante mensaje Nº 23, el cual propone aprobar un convenio de Adhesión, Cooperación y Colaboración con el Banco de Drogas Especiales y su anexo 1 suscriptos entre el Ministerio de Salud de la Nación, y el Ministerio de Salud Pública de la Provincia de San Juan.

En la oportunidad, fue la diputada Celina Ramella quien ofreció los fundamentos de este proyecto de ley que tiene como objeto determinar las condiciones de adhesión, cooperación, para desarrollar acciones conjuntas entre el Banco de Drogas Especiales y la Jurisdicción, tendientes a reducir la incidencia y mortalidad por cáncer; mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos en nuestro país; como así también, universalizar el uso racional y el acceso a medicamentos estratégicos e insumos sanitarios consensuados entre las partes.

Modificación de la Ley de Regalías Mineras

Luego, el Poder Legislativo pondrá a consideración un proyecto Interbloque que propone modificar el artículo 19º de la Ley Nº 716-M, sobre Regalías Mineras, el cual quedará redactado de la siguiente forma:

"ARTÍCULO 19.- Los proyectos mineros que desarrollen obras de infraestructura vial y/o energéticas en beneficio de la Provincia, podrán compensar parcial o totalmente su inversión con las Regalías Mineras, siempre que las obras sean realizadas, previa declaración de utilidad pública sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia, con los dos tercios de sus miembros y que su proyecto y realización lo sea de conformidad a la normativa de aplicación por la autoridad competente. Las inversiones realizadas serán compensables exclusivamente con el Estado Provincial, hasta el importe que se origine por aplicación de los porcentajes establecidos en el artículo 17, inc. 1, apartado 1.1, o en el inc. 2, apartado 2.1, según corresponda". (ver aparte)

Cajeros automáticos en Rawson

Asimismo, fue aprobado un proyecto de Comunicación autoría de los diputados Juan Carlos Gioja, Leonardo Gioja y la diputada Graciela Seva que requiere al Poder Ejecutivo que exija, en su carácter de Ente Regulador, a las autoridades del Banco San Juan, la instalación y puesta en funcionamiento del Servicio de Cajeros Automáticos en los C.I.C. (Centro Integrador Comunitario) ubicados en Villa Krause, Villa Angélica y Médano de Oro del departamento  Rawson.

Resoluciones

Sobre tablas fueron considerados y aprobadas dos resoluciones que declaran de Interés:

Social, Educativo y Científico las Jornadas Preparatorias del XXXI Congreso Nacional de Derecho Procesal Mendoza 2022, que será llevado a cabo el 30 de junio próximo en el Auditorio Eloy P. Camus, en el horario de 16.30 a 20. (diputada Celina Ramella), y

Cultural y Social la Milonga del Parque al aire libre, organizada desde 2008 por la Asociación Civil de Milongueros de San Juan en el Parque de Mayo. (diputado Leonardo Gioja).