Diputados se reunieron con funcionarios del Poder Judicial

En el marco de la comisión de Justicia y Seguridad de la Cámara de Diputados, los legisladores recibieron a dos jueces de la Cámara Civil y un prosecretario de la Corte de Justicia para realizar las consultas pertinentes sobre el tratamiento del proyecto de Ley que modifica el Código Procesal Civil.
La cita tuvo lugar durante la mañana de hoy, en el segundo piso del edificio Anexo de la Legislatura y estuvo encabezada por la titular de la comisión, diputada Celina Ramella. Participaron además los diputados Edgardo Sancassani, José Luis Esteve y las legisladoras Marcela Monti, Marcela Quiroga, Fernanda Paredes, Florencia Peñaloza y Nancy Picón. Por parte del Poder Judicial estuvieron presentes lel vocal de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería,  Juan Carlos Pérez y  el vocal II de la Sala I, Abel Soria y el prosecretario de la Corte de Justicia, Edgardo Navarro.

La reunión arrancó a las 9 y culminó a las 13.30 horas y en este sentido, la diputada Celina Ramella formuló un resumen al explicar que “con los doctores Juan Carlos Pérez, Edgardo Navarro y Abel Soria pudimos sacarnos muchas dudas de algunos planteos novedosos del Código Procesal Civil y sobre todo algunas cuestiones que en la Comisión de Justicia nos habíamos planteado de por qué se dejaban sin efecto, por qué se sacaban, y esto tiene que ver mucho con la modernización del sistema judicial. No solamente con los nuevos procesos que se vienen sino sobre todo las cuestiones de notificaciones electrónicas, cómo va hacer la Corte para ir adecuándose a los nuevos cambios de los sistemas más modernos. Era muy importante dejar marcado cuál va a ser el sistema de notificación, pero al mismo tiempo siempre basándonos en una cuestión de seguridad que la Corte tenga un espacio de reglamentación para adecuarse a las nuevas modalidades. En la comisión el Código lo hemos visto de punta a punta, todos sabíamos exactamente cuáles eran los puntos a modificar y lo que se pretende es establecer una vigencia temporal que sea exacta, o sea, no cuando concluyan las capacitaciones efectivas, sino que concretamente sea por ejemplo el primero de febrero de 2023. O sea, dar seis meses de adaptación, adecuación, y capacitación no solamente al Poder Judicial sino también a los litigantes para que puedan conocer los nuevos Códigos y se puedan aplicar el primero de febrero. Incluso, no solamente estudio por parte de los abogados que litigan, sino además se necesita la adecuación de los sistemas informáticos que tiene la Corte”.