La Policía de San Juan asestó un duro golpe al mercado ilegal de metales. Entre el 4 y el 6 de agosto, efectivos de la División Policía Rural, junto a la Unidad de Apoyo Investigativo y la Sección Leyes Especiales, llevaron a cabo un exhaustivo control que terminó con la clausura de cinco chatarrerías y el secuestro de más de 32.700 kilos de material no ferroso (principalmente cobre). El operativo se desplegó para hacer cumplir la ley sobre comercialización de estos materiales y frenar los constantes delitos contra la infraestructura eléctrica.
El despliegue comenzó el 4 de agosto en el departamento de Caucete, donde se clausuraron tres locales. En la chacarita "Don Antonio", las autoridades detectaron habilitaciones vencidas, mientras que en "Las Huellas Compartidas" se constató la falta total de permisos. El caso más grave en este departamento ocurrió en la "Chacarita Acosta", clausurada de forma preventiva tras hallarse 7.500 kilos de recortes de cables y bobinados de origen ilícito o dudoso, los cuales fueron inmediatamente confiscados.
Los controles continuaron el 5 de agosto en Pocito. En la recuperadora "Don Mariano", además de encontrar documentación inconsistente, los efectivos secuestraron 120 kilos de cable de alta y media tensión. Este hallazgo fue clave en la investigación, ya que personal de la empresa Naturgy reconoció el material como compatible con los elementos robados a la compañía.
El cierre de los operativos y el mayor hallazgo tuvo lugar el 6 de agosto en Rawson, en la firma "Metal Sur S.R.L. - Recuperadora Fernández". Allí, tras revisar los libros contables desactualizados, la Policía descubrió y decomisó 32.670 kilos de cobre sin ninguna documentación que acreditara su procedencia legal, motivando la clausura inmediata dictada por el 3° Juzgado de Faltas.
Fuentes de la investigación confirmaron que el total de las más de 32 toneladas incautadas tiene un valor estimado en el mercado actual que asciende a los $460.000.000.
Finalmente, desde la Policía de San Juan advirtieron que continuarán con los controles permanentes y sorpresivos tanto en comercios dedicados a la compraventa de chatarra como en las rutas provinciales, buscando erradicar por completo el circuito económico del robo de cables.
